La política de seguridad del cordobesismo

En DEODORO de Octubre 013

Transcurrimos momentos complicados para discutir la política de seguridad en Córdoba. Complicados porque en medio de una coyuntura de investigaciones judiciales, con imputaciones y detenciones a la jefatura de Drogas Peligrosas, es difícil salir del tono de escándalo y dejar de lado lugares comunes que naturalizan una situación alarmante. Por eso mismo, creemos que es un momento oportuno para volver a instalar en la agenda pública algunas aristas del problema y aportar datos para ampliar y complejizar la discusión.

Valeria Plaza y Susana Morales

(Docentes e investigadoras de la UNC)

Primeramente, creemos que con las renuncias de las “cabezas” de la institución –como el Ministro de Seguridad Alejo Paredes y el jefe de policía Frías– no se resuelve el problema. Tampoco se soluciona con el “perfil técnico” de la nueva Ministra de Seguridad, que a pesar de no provenir de las fuerzas de seguridad, expresa un modo más de continuidad de la política que se desarrolla desde 2003. A continuación, algunas de las formas en que se expresa el concepto acuñado por el Gobernador: el Cordobesismo.

Cordobesismo I: populismo penal clásico con aportes locales

La política de seguridad en Córdoba sigue el rumbo del populismo punitivo implementado en la mayoría de los contextos urbanos actuales: se sostiene sobre la selección del delito callejero, dejando de lado los delitos complejos y las economías delictivas que mayor violencia producen. Además cobra color local por la estructura policial, el núcleo legislativo provincial, las medidas implementadas y la retórica que las acompañan, que se fundamentan en la asociación entre juventud-pobreza-delincuencia.

Esta primera caracterización se confirma cuando se tiene en cuenta las conductas que más se persiguen (es decir, que más detenidos produce). En las estadísticas disponibles de los últimos años el porcentual de detenidos por atentados contra la propiedad en nuestra provincia es significativamente más elevado que el de todas las otras conductas del Código Penal juntas. A manera de ejemplo, en el año 2009 los atentados contra la propiedad constituyen un 57,1% de los detenidos, y los tipos delictivos que le siguen son atentados contra la administración pública 22% (en crecimiento en relación al año anterior) y 6,9% de atentados contra la vida. Cuando se analiza este 22%, que a simple vista pareciera evidenciar una mayor investigación en delitos complejos, alrededor del 50% son atentados y resistencia contra la autoridad en flagrancia. Es decir, que se sigue persiguiendo figuras menores, y que no constituyen atentados graves que pongan en peligro la supervivencia o los derechos humanos fundamentales, pero sobre todo, son figuras que sirven a las fuerzas de seguridad para detener personas por cuestiones que hacen a la interacción con ellas.

Y en segundo lugar, cuando salen a la luz casos donde se investigan redes delictivas como las del narcotráfico, se pone en evidencia la complicidad policial y la complejidad de los procesos investigativos, donde el poder político (tanto el ejecutivo como el legislativo) ejerce presión para impedir u obstaculizar el accionar de la Justicia Federal. El tono de escándalo en estos casos, impide reconocer la estructura de control territorial y las economías paralegales desplegadas y custodiadas por nuestra policía.

Cordobesismo II: más violencia estatal, escasos resultados

Esta política de seguridad que empieza a cobrar protagonismo en la agenda gubernamental a partir del segundo período de gobierno de José Manuel De la Sota[1], fue sostenida por su vice –Juan Schiaretti– mientras fue gobernador (2007-2011). Los rasgos de esta política se profundizan en este tercer período delasotista (2011 a la fecha): el nombramiento como Ministro del último Jefe de la Policía, el Crio. Alejo Paredes significó darle mayor poder, autonomía política y operativa a las fuerzas de seguridad.

Este período se inauguró con medidas como el cierre del establecimiento penitenciario de régimen de semilibertad EP9, el refuerzo de las medidas de patrullaje, incluso aéreo a través de helicópteros, y una nueva estrategia de ocupación territorial. Esta estrategia se institucionalizó a través de la creación de un nuevo cuerpo de seguridad que fue bautizado como Departamento de Ocupación Territorial (DOT). Según información del Ministerio, el objetivo del programa consiste “minimizar y controlar cualquier desborde o acto vandálico que pueda ocurrir en un determinado sector de la ciudad” y se plantea intervenir en 15 barrios de la ciudad.

Esta estrategia de ocupación territorial se realiza en base a “observaciones” de la experiencia brasileña de la que sólo retoma el elemento impactante y espectacular. Esta política, fue diseñada para un contexto muy específico como las favelas con una tasa de 90/100mil muertos por causas violentas, en un territorio marcado por el despliegue del narcotráfico de base territorial. Luego de la ocupación territorial, la intervención carioca se caracteriza por una fuerza policial con una formación diferente y opuesta a la tradicional Policía Militar (la policía que más mata en el mundo), la Policía para la Paz, definida por un modelo de proximidad y resolución pacífica del conflicto, que habilita el reingreso del Estado a esos territorios a través de políticas sociales, culturales, educativas e inmobiliarias.

Además de que nuestra provincia tiene tasas muchísimo más bajas de muertes violentas, entre el 5 y 6/100mil, el D.O.T trabaja sobre algunas zonas de la ciudad en las cuales hay redes bastante superficiales de delito. Y una ocupación esporádica y violenta, no sólo no consigue romper esas redes, sino que las empuja a actuar con mayor clandestinidad y violencia. A su vez, supone un tipo de intervención sumamente violenta sobre el conjunto de la población de esos barrios: allanamientos, controles en la vía pública que por un lado, sobrecriminalizan a este sector de la población y que hasta ahora muestran escasos resultados.

Nadie se pregunta qué queda al otro día, luego de un operativo del recién bautizado DOT: quedan personas cuyas casas han sido dadas vuelta, quedan personas golpeadas, quedan personas a las que se rompieron sus pertenencias o a las que se les pide que acrediten su propiedad porque son a priori sospechosas.

Cordobesismo III: nuevas leyes, más presos, más delito

Finalmente, en este período se realizaron reformas también en el campo normativo. Se sancionaron leyes provinciales muy cuestionables como la ley de trata de personas y la ley de adhesión a la desfederalización de la competencia para investigar y juzgar delitos leves de la ley de estupefacientes.

Respecto a esta última ley, las primeras sentencias por venta de drogas hablan de la vulnerabilidad de quienes se persigue: son dos mujeres pobres que a cambio de la vivienda, sostenían el quiosco de venta de drogas. La ineficiencia del despliegue policial y judicial a partir de la sanción de esta ley, muestra también la enorme ineficacia de este tipo de políticas. Según los datos de enero, hubo 403 detenidos y se secuestraron sólo de 8,5 kg de cocaína y casi 4 de marihuana, para lo cual se habrían cerrado 42 “quioscos”.

Estos datos se ven empíricamente confirmados por el Informe del Centro Núñez (dependiente del Poder Judicial provincial) que analiza las características sociodemográficas y delictivas de las personas imputadas por delitos vinculados a la comercialización o tenencia de estupefacientes en la ciudad de Córdoba en el periodo diciembre 2012/mayo 2013: el 52.2% de los imputados poseen antecedentes penales. En el 70% de los casos se secuestró cocaína y en el 76.3% de esos casos el secuestro fue por valores inferiores a los 100 g; en el 58.3% de los casos se secuestró marihuana, y de ellos, en el 90% de los casos, el peso de la sustancia fue inferior a los 250 g. Se detuvieron a consumidores y/o pequeños vendedores (el 56.5% de los imputados consume drogas y en 19 casos expresaron que el consumo se realiza en forma diaria). Un dato alarmante es la creciente participación de mujeres en situación de vulnerabilidad en estas economías ya que el 45% de las detenidas son mujeres. El 34,8% de los imputados son sostenes económicos del hogar y pese a la construcción social que existe sobre “los delincuentes”, se tratan de sujetos con relativa instrucción educativa (el 42% cursó estudios secundarios), no son beneficiarios de planes sociales (el 36.2% no es beneficiario de planes sociales) lo cual da cuenta de que el Estado sólo los alcanza en su fase penal, y el 60.9% de los imputados no consume alcohol.

Entonces, es una política que persigue a los eslabones débiles de la cadena delictiva, que regula territorialmente los negocios con complicidad policial, pero no genera mecanismos institucionales de investigación compleja que estas economías requieren. Además, y como queda demostrado con la crisis que la institución está viviendo, se trata de una estructura comprometida en las redes delictivas, por lo que fracasa la tarea de persecución e investigación.

Así, vemos cómo la continuidad del modelo neoliberal de gestión de la seguridad, con mayor poder y autonomía a las fuerzas de seguridad –que nunca sufrió un proceso de reforma democrática– se refuerza desde el aspecto legislativo, discursivo y ejecutivo provincial.

Cordobesismo IV: más policía, más delito

En Córdoba la policía aparece como el único actor para intervenir en la problemática. Para ello, la nutre de más armamentos, tecnología, móviles y más y más efectivos, así como mayor autonomía operativa. Muestra de ello es la multiplicación del presupuesto del área Seguridad.

El sector que más personal incorporó la gestión del gobernador Schiaretti es el de seguridad, en particular, la Policía Provincial. Sin embargo, esta tendencia de incremento exponencial de personal policial, no se condice con una disminución de las tasas delictivas, tal como predican insistentemente sus defensores. Esta policía joven, con una formación corta que se completa “en la calle” aguzando el olfato policial contravencional, no incide sobre la disminución del delito, cuyas tasas no muestran una variación significativa.[2]

Entonces, no sólo no previene el delito, sino además que el CAP, que frecuentemente realiza las detenciones contravencionales, expresa un tipo de manejo territorial que no responde a la estructura de las comisarías, sino a un mando propio y centralizado con un enorme control territorial que define las formas de habitar el territorio urbano de enormes sectores de la población[3].

La policía, como ámbito principal de selección del proceso de criminalización sobre el que se asientan las agencias judiciales y penitenciarias, cuenta con una enorme y significativa capacidad discriminatoria sobre las personas que casi siempre se reduce a un conjunto altamente vulnerable y sujeto a una criminalización estigmatizante[4].

Pero lo que cada vez queda más claro, es que el poder de control social de las agencias policiales no reside en los casos efectivamente conocidos y abordados sino en el conjunto de acciones y procedimientos de controles paralelos, colaterales o puestos en práctica con el pretexto de la aplicación de la ley o de la “prevención”. Las detenciones por contravenciones, el registro de personas detenidas, la vigilancia de espacios diversos, las recaudaciones paralelas les brinda la posibilidad de un conjunto de atribuciones arbitrarias que caen fuera de toda forma de control o revisión institucional y les proporciona un poder mucho más relevante que el atribuido formalmente.

¿Es posible pensar en otra política de seguridad?

De los datos que tenemos –a los que hay que reconstruir de fuentes muy diversas, ya que nuestra Policía no se caracteriza por cumplir con las leyes de acceso a la información–, queda claro, en primer lugar la ineficiencia e ineficacia de la implementación de esta “guerra contra el delito”: la tasa de delitos registrados no ha disminuido mientras que la tasa de encarcelamiento y de detenciones contravencionales ha subido de manera exponencial, junto con el presupuesto y el personal de seguridad. Entonces, más presos y detenidos no implican la disminución del delito.

A su vez, no existe una relación entre pobreza y delito: lo que existe, es una relación entre la sobrecriminalización y la desprotección sobre los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Queda por preguntarnos entonces, qué sucede cuando la cárcel es un elemento cotidiano en la vida de sectores populares. Queda por resistir al encanto de las respuestas mágicas de cámaras y helicópteros cuyo costo es altísimo y su aporte a la disminución del delito, es dudosa. Queda por incorporar al debate las voces de las víctimas de esta política de seguridad, para saber qué mecanismos se desatan con cada llamada al 911 de vecinos que sospechan de cualquier extraño que pase por su vereda. Y después, cosas que son urgentes como el control de armas (comenzando por la misma Policía), la investigación sobre delitos complejos, revisar la relación entre Justicia y Policía para indagar un rol opacado pero central en la provisión de seguridad.