La destrucción de los bosques y la desaparición del campesinado

La relación entre el hombre y los bosques en nuestra región tiene una historia milenaria. Los pueblos originarios habitaron los extensos bosques chaqueños por siglos, utilizando sus recursos sin llegar a degradarlos. Posteriormente, la conquista española dio origen a un mestizaje con profundos cambios culturales. Ello implicó el surgimiento del campesinado, cuyas prácticas agrícola-ganaderas si bien modificaron el uso de la tierra, siguieron coexistiendo con los bosques nativos de la región chaqueña. En muchas regiones de Latinoamérica este vínculo es tan claro que si combinamos el mapa de distribución de bosques nativos y el de las comunidades campesinas e indígenas la superposición es casi exacta, lo cual es una prueba irrefutable de la estrecha, si bien no siempre idílica, relación entre el campesinado y los bosques nativos. Por lo tanto, mantener la vida campesina significa no solo evitar marginar a cientos de miles de personas, sino indirectamente también preservar los bosques nativos y los bienes y servicios que estos brindan al conjunto de la sociedad.

Entre los múltiples beneficios que nos brindan los bosques nativos están: (1) proveernos de un sinnúmero de especies de interés económico, ya sean plantas alimenticias, maderables o medicinales; (2) evitar la desertificación y pérdida de productividad de los suelos, que en nuestra provincia supera el 25% de su superficie, a consecuencia de las malas prácticas agrícolas en regiones no aptas a tales fines; (3) mitigar los efectos del cambio climático global, que representa una seria amenaza a nuestra subsistencia como especie en el planeta, y provocará mientras tanto incalculables gastos para revertir sus consecuencias socioeconómicas; (4) mantener la provisión de servicios ecosistémicos esenciales, tales como la provisión de agua por parte de nuestras cuencas serranas; (5) sostener economías regionales y garantizar la soberanía alimentaria de millones de personas.

Lamentablemente, desde hace varias décadas, la desaparición de nuestros bosques nativos y la expulsión de los campesinos de sus tierras es un fenómeno cotidiano. El causante es el actual “modelo sojero de desarrollo”, que implica la deforestación de la región chaqueña para instalar extensas superficies de monocultivos transgénicos, lo que se traduce en el desplazamiento de las poblaciones rurales. Córdoba es sin dudas, la muestra más paradigmática de las consecuencias socioambientales que trae aparejado el enceguecimiento en el que están inmersos nuestros gobiernos, detrás del llamado “oro verde”. Si bien las ganancias por la producción de soja transgénica son millonarias para los grandes productores agropecuarios y engrosan las arcas del gobierno nacional a partir de las retenciones, se deberían contabilizar las “externalidades” que deja el avance indiscriminado del monocultivo de soja, antes de evaluar si es conveniente no solo en términos económicos sino también sociales y ambientales.

La provincia en números

Veamos lo que ha ocurrido en la provincia de Córdoba. De las otrora 12 millones de hectáreas de bosque nativos con las que contaba a principios del siglo XX, para el año 2004 solo quedaban cerca de 600 mil hectáreas. Particularmente, en la década de los 90 donde el menemismo introdujo casi a escondidas la variedad de soja RR (resistente al glifosato) de Monsanto, se produjeron en los departamentos del norte de nuestra provincia las tasas de deforestación más altas del planeta (muy superiores a las que suelen impactar en los documentales sobre la desaparición de las selvas tropicales del mundo). Esos fueron los datos con los que comenzamos a trabajar desde la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (COTBN), para generar una propuesta de ley que permitiera preservar lo poco que nos quedaba de bosques y a la vez mantener la vida campesina asociada a los mismos. Sin embargo, la propuesta elaborada en forma participativa por un amplio espectro de organizaciones académicas y sociales, entre las que se destacaba el Movimiento Campesino de Córdoba, fue desechada por completo en la Legislatura Provincial, que aprobó “otra ley”, claramente violatoria de los Presupuestos Mínimos de la Ley Nacional 26331 (que actualmente cuenta con una resolución en contra por parte del Defensor del Pueblo de la Nación y con pedido de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación). La ley provincial 9814 no frenó los desmontes sino que los favoreció, así se ha podido comprobar a partir de imágenes satelitales, que muestran como entre diciembre de 2011 y julio de 2013 desaparecieron otras 8310 hectáreas de bosques nativos, y sólo en el último mes de septiembre se deforestaron otras 952 hectáreas más. Es decir, que si no se frena este nivel de destrucción ambiental, en pocos años Córdoba no tendrá bosques nativos, y, como consecuencia, tampoco quedarán más campesinos.

Aún recuerdo con claridad los debates en la legislatura provincial, entre mediados de 2009 a mediados de 2010 (un hecho inédito en la historia democrática de nuestra provincia), en los que intentamos desde la COTBN explicar a los legisladores la importancia de preservar los bosques nativos, no solo desde el punto de vista ambiental, sino también desde lo social y económico. Uno de esos recuerdos que me quedaron más patentes fue cuando, en instancia de una discusión sobre si se podía producir o no ganadería bajo monte, un legislador de esos mismos departamentos del norte provincial devastados, intentaba que un campesino de la región de Chancaní dijera que era imposible criar vacas si había bosques. El campesino, con toda su sabiduría y paciencia, sostuvo incansablemente y ante todos quienes querían escucharlo que sí se podía criar ganado en el bosque, y que no solo no era necesario destruirlo sino que, en regiones como el Chaco árido, era absolutamente necesario mantener el bosque para asegurar la producción (por el microclima y la sobra que genera, así como por el forraje extra que aporta). Asimismo, dado que la voz de los campesinos “no era suficiente argumento” para los legisladores, y ante la presión de las entidades agropecuarias que exigían la pronta aprobación de la Ley que a la postre les permitiría desmontar lo poco que quedaba, sumamos la opinión de expertos en sistemas silvopastoriles (cría de ganado en sistemas boscosos) del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que les indicaron a las autoridades provinciales que la propuesta de los ruralistas lo único que buscaba era intensificar un sistema productivo claramente insustentable, que ya había provocado la desertificación del 60% de los campos del noroeste cordobés.

El modelo sojero en la región chaqueña

Es absolutamente necesario que todos comprendamos las consecuencias que trae aparejado la extensión del modelo sojero de desarrollo en la región chaqueña, no solo implica la devastación ambiental, sino también la marginación de la población rural y la pérdida de soberanía alimentaria. Para producir 1000 hectáreas de soja transgénica se necesita como mucho una persona. Por contrapartida, en 100 hectáreas de bosques pueden subsistir varias familias campesinas, capaces de proveer a la sociedad de una diversidad de productos agroecológicos, que van desde carne, cueros, huevos, verduras y mieles, hasta madera, plantas aromáticas y medicinales, entre otros. Algo similar ocurre con los sistemas de cría intensivo de ganado que impulsa por el gobierno en el noreste provincial (donde se continúan autorizando desmontes). Estos sistemas buscan, una vez desplazados los campesinos, “limpiar” la mayor parte del bosque (cientos de especies vegetales y animales), dejando solo algunos pocos árboles viejos para sobra e implantando especies exóticas nocivas para el ecosistema original. Eso no pasaba antes que los agronegocios liberaran sus tentáculos para ampliar la frontera agropecuaria a las otrora “regiones marginales”, que no presentaban mayor interés económico para los terratenientes y empresarios.

La Red Agroforestal del Chaco relevó que entre las 6 provincias que representan la región chaqueña, hay 153 casos de conflictos por la tierra, con 97.995 personas afectadas y un total de 1.720.158 hectáreas involucradas. Y en nuestra provincia a medida que se fue corriendo la frontera agropecuaria se fueron incrementando los desalojos de campesinos, aumentando el grado de conflictividad social, con la represión y procesamiento de campesinos. Por ese motivo es necesario reflexionar seriamente sobre los pros y los contras de un modelo de desarrollo basado casi con exclusividad en la expoliación de los recursos naturales y la exportación de “commodities”. El Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal 2010/2020 (PEA), impulsado por el gobierno nacional junto con algunos sectores académicos y los principales grupos económicos del país, pretende aumentar la superficie sembrada de granos de 32 millones de hectáreas a 41 millones, es decir un 27% más de territorio cultivado. Para alcanzar esas “metas propuestas”, será necesario expandir la frontera agropecuaria por sobre las pocas regiones del país que aún conservan bosques nativos. Las hectáreas adicionales que se requiere sembrar, previo deforestar, para alcanzar una cosecha de 150 millones de toneladas de granos propuestas por el PEA, varía según estimaciones entre el 25% y el 100% de los bosques chaqueños remanentes de Argentina. Y por supuesto, dado que estas zonas están habitadas, ello implicaría necesariamente el desalojo de campesinos, la desorganización de formas productivas existentes y la desaparición de comunidades rurales.

Las políticas públicas en relación a la preservación de bosques, además de cumplirse (hecho que en general no ocurre), deberían contemplar además las consecuencias que traen aparejados otras políticas de desarrollo. Un claro ejemplo de ello es la reciente premiación por parte del Ministerio de Ciencia y Técnica a la investigadora argentina que desarrolló una semilla transgénica resistente a las sequías, la cual fue patentada por el principal “pool de siembra” en el país, el grupo los GROBO. Es evidente que la aplicación de esa variedad transgénica va a permitir en el mediano plazo en que la frontera de los agronegocios logre avanzar hacia aquellas regiones que aún se le escapaban por falta de precipitaciones que les permitieran producir monocultivos intensivos. Y sin dudas ello llevará al despojo de los campesinos e indígenas, que pasarán a formar parte de los asentamientos marginales de las grandes ciudades, allí, en el mismo país que se enorgullece de ser el “granero del mundo”. Nadie podría cuestionar la promoción de los avances científicos y tecnológicos, pero cabe preguntarse por qué están enfocados al beneficio de grandes grupos económicos a los que no les interesa el impacto de sus “estrategias de negocios”, y no a mantener a la población rural y economías regionales diversificadas. El Estado debería salvaguardar a los más desprotegidos de la sociedad y promover la protección de los bienes comunes, no favorecer a los mismos que generan exclusión y destrucción de nuestros recursos naturales.

“El bosque es vida”, “bosque en muchas manos alimentos sanos para todos”. Esas fueron algunas de las consignas que mantuvieron cientos de miles de campesinos en las largas marchas que realizaron desde el interior profundo de nuestra provincia para reclamar una ley de bosques que les permitiera seguir existiendo. No fueron escuchados por el gobierno provincial, pero sí acompañados por muchos sectores sociales, y también algunos académicos e institucionales, que se animaron a cuestionar el modelo de desarrollo imperante. Mientras queden campesinos podremos mantener esperanzas de que sigan existiendo los bosques nativos, ya que, a pesar de todos los reveses que han sufrido, por el bien de todos los habitantes de la provincia, ellos seguirán defendiendo las tierras donde siempre han vivido y en las que quieren seguir viviendo, en compañía de los algarrobos, quebrachos, mistoles, y tantas otras especies de plantas y animales de nuestros bosques.