La Policía es algo más que una inmensa estepa azul

Por Dante Leguizamón, en DEODORO Noviembre, 014

estepa azul

Por primera vez una serie de razones que explican el acuartelamiento policial. Sin teorías conspirativas algunos datos concretos que explican por qué pasó lo que pasó el 3 y 4 de diciembre.

Ustedes son jefes gracias a mí –les dijo Ramón Frías y levantó la copa con una sonrisa pícara. Pocos días antes la provincia de Córdoba había vivido una de sus horas más oscuras a raíz del acuartelamiento policial. Sin embargo, para ese grupo de policías, las cosas no podían estar mejor. Tras el desplazamiento de César Almada, el hombre que comandó la institución en los breves meses entre el narcoescándalo y el acuartelamiento, los comensales de aquella mesa del restaurante “El Campanario”, de Villa Carlos Paz, habían logrado convertirse en los nuevos integrantes de la Plana Mayor de la Policía.

Sentado en la cabecera de la mesa, Frías, que perdió su cargo en septiembre de 2013 tras el narcoescándalo, parecía festejar. De un plumazo tanto la Ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, como el jefe que se había quedado con su cargo, César Almada, habían sido desplazados por el Gobernador José Manuel de la Sota.

En la punta de la mesa lo acompañaban Luis Eduardo Suárez, flamante jefe de Policía y Héctor Laguía, el subjefe. Cuando Frías levantó la copa Walter Moyano, Walter Díaz, Mario Tornavaca, Miguel Ángel Casteló, Ricardo Domínguez, Claudio Vignetta y Miguel Ángel Oliva lo miraron entendiendo el mensaje. Todos menos Frías acababan de asumir como parte del grupo de policías que, junto al jefe y al subjefe, forman el Estado Mayor Policial. Los conductores de la institución.

Apenas cinco días antes, el 3 y 4 de diciembre de 2013, Córdoba se había convertido en una zona liberada cuando los policías de calle, acuartelados, extorsionaron al gobernador y le torcieron el brazo obligándolos a otorgarles un aumento de sueldo.

La mayoría de los presentes en la reunión en El Campanario –a excepción quizá de Vignetta y Oliva que no tenían cómo impedirlo– si bien no provocaron la revuelta, simplemente dejaron solos a Almada y Monteoliva a la hora de intentar evitarla.

Historia para entender la revuelta

Alejo Paredes fue jefe de Policía entre 2007 y 2011, cuando asumió como ministro. Varias veces amenazó con irse, pero se quedó y adaptó a la Policía al ideal del conservadurismo lúcido cordobés. Profundizó el autogobierno de la fuerza e incrementó la tropa de 12.800 a 25 mil integrantes.

Durante su gestión trató varias veces de pasar a retiro obligatorio a Ramón Frías, pero los vínculos de este con Oscar González, se lo impidieron. Al final de cuentas, en su segundo año como ministro de seguridad, Paredes tuvo que aceptar que le impusieran a Frías como Jefe de Policía. La interna entre ambos era tal que apenas asumió Frías, este comenzó a trabajar para ser ministro y llegó a contratar a un asesor de marketing personal (docente de la Universidad Siglo XXI) para que lo ayudara a instalar su imagen.

Negocitos que hacen al negocio

El primer altercado como jefe que tuvo Ramón Frías con el ministro Paredes fue cuando este último, se enteró de que Frías había gastado 80 mil pesos en “refuncionalizar” una de las dos habitaciones que posee el jefe en el tercer piso de la jefatura. Frías le pidió a Inés Garzón, del departamento construcciones de la Policía que rediseñara la sala, pusiera el plasma más grande del mercado y embelleciera la “pocilga” que había sido la casa de Paredes. Aquello era anecdótico, pero después se supo que Frías también implementó el pago de un plus –en negro– que se les abonaba a los policías que trabajaban en los CAP a cargo del patrullaje.

Paralelamente Frías buscó –a través de amigos propietarios de empresas de repuestos– acelerar el proceso de reparación de los vehículos de la fuerza, contratando de manera directa cuatro casas de repuestos que conseguían los elementos necesarios para reparar las decenas de autos que se rompen por día. Los amigos de Frías conseguían los repuestos muy rápido, pero también muy caros. Lo que en el mercado se pagaba 4 mil pesos, la institución lo abonaba 10 mil. Quien firmaba esos pagos, era el jefe de Administración que también se encargaba de manejar el dinero de los adicionales, Héctor Laguía.

En ese mismo período también se agudizó el pago de “la chispa”. Un “adicional” que los organizadores de espectáculos públicos deben pagar a los policías que la misma Policía les obliga a contratar como adicionales para prestarles seguridad. Además de un depósito en el banco por el monto total, se paga el mismo monto en concepto de “chispa” en mano a cada Policía que lo recibe obviamente sin entregar recibo.

Narcoescándalo

Mientras Paredes fue el jefe, la dirección de Drogas Peligrosas era un apéndice de la jefatura. Cuando llegó Ramón Frías las cosas se descontrolaron o, mejor dicho, dejaron de estar tan bien escondidas. Inicialmente y, tras la sanción de la nueva Ley de Lucha contra el narcotráfico, la Policía incrementó de manera notable los secuestros de estupefacientes, pero ese afán por mejorar las estadísticas derivó en los hechos de corrupción que hoy conocemos como narcoescándalo.

Aquel episodio terminó en el escándalo de la muerte de Juan Alós y finalmente con el pase a retiro de Frías y de casi todos los que integraban con él el Estado Mayor. De todos, sólo sobrevivió el Jefe Interino de las Departamentales Sur, Julio César Suárez y algún personaje secundario.

Al realizar la “limpieza” de los policías del narcoescándalo el gobernador De la Sota se quedó sin varios de los cuadros formados para conducir la fuerza y no le quedó otra opción que recurrir a César Almada y nombrarlo como nuevo jefe. Además, apostó a un cuadro técnico que había acompañado a Paredes en la gestión nombrando a Alejandra Monteoliva como ministra.

A ambos les quedaban grandes esos cargos, pero fueron honestos en algunos puntos. La propia ministra denunció en la Justicia el curro de los repuestos de los autos, que a esa altura era millonario. También ella redujo el cobro de la “chispa” y, a principios de octubre, –es decir para el sueldo de noviembre– eliminó el pago en negro por los patrullajes.

Sin chispa, sin algunos otros negocios que los policías están acostumbrados a manejar, sin arreglos vinculados a drogas, sin plus por patrullaje, comenzó a desatarse el enojo de la tropa. A esto hay que agregar un hecho extra: la gran mayoría de los policías son gente honesta con gran identificación con la institución. Aunque se escondió, en aquellos tiempos hasta hubo un intento de suicidio de un policía que adujo estar deprimido por la vergüenza que le producía lo que se decía de la Policía en la calle.

A la vergüenza, a los problemas por los “quioscos” cerrados se sumaba que las autoridades les seguían pidiendo lo mismo de antes: detenciones para hacer números, recargas horarias, arriesgar la vida todos los días, policializar la ciudad y encima contener la tensión social.

Reclamos como señales

Los primeros reclamos por dinero llegaron a César Almada, pero el jefe carecía de padrinos políticos que le aportaran soluciones. En una estructura organizativa piramidal como la Policía, el que está abajo depende del que está arriba si quiere mejorar su situación. Los cabos le piden al sargento, el sargento al principal, el principal al subcomisario y este al comisario. Así se pasa al comisario mayor y al general hasta llegar al Jefe de Policía. Cuando el que está arriba no da respuestas, lo que subió como un reclamo baja como una crítica y comienza la ebullición.

Paredes y Frías administraban esos reclamos con un combo de castigos, premios, miedos, negocios personales y acuerdos con sus padrinos políticos. Almada ni siquiera tenía una ministra que conociera los riesgos. Hubiera sido un buen momento para que los comensales de la cena en El Campanario apoyaran al jefe y le dijeran que las cosas se estaban poniendo feas, pero los comensales si bien no fomentaron el acuartelamiento, todo indica que lo dejaron venir.

Sin poder reclamar, porque el que protesta es castigado, durante aquel octubre los policías que no obtenían respuestas recurrieron a sus mujeres tal como lo habían hecho en 2005 cuando se produjo otro acuartelamiento policial.

Las protestas comenzaron en la Guardia de Infantería y el CAP. Durante los primeros veinte días de octubre de 2013 el clima fue poniéndose más tenso. El sueldo de ese mes ya llegó sin “plus”. Noviembre comenzó sin buena “chispa” y estuvo acompañado de las primeras marchas de las esposas de los policías por reclamos salariales. Almada, mientras tanto, no las recibía cuando le pedían audiencia y la ministra no entendía nada de lo que pasaba.

A esa altura la Policía y el narcoescándalo eran tapa de los diarios todos los días y no era difícil dar la cara en la calle, cuando toda la institución estaba sospechada de corrupción. El 28 de noviembre, cinco días antes del acuartelamiento, las mujeres tomaron la jefatura por segunda vez en el mes. Reclamaban un incremento en el sueldo del 35 por ciento (monto similar al de los adicionales truchos, “la chispa”) y un bono de fin de año de 2000 pesos, que era lo mismo que hubieran cobrado sus maridos de “plus” si Monteoliva no hubiese eliminado el “beneficio” por patrullar.

Almada esta vez recibió los reclamos, pero cuando fue a planteárselos a sus propios jefes, le dijeron que no. Ya entonces comenzó a organizarse el acuartelamiento. Sólo un irresponsable podía no darse cuenta de que todo estaba por explotar y cuatro días después el gobernador De la Sota estaba a bordo de un avión rumbo a Colombia cuando los policías decidieron demostrar hasta qué punto conformaban un ejército y en qué medida, si nadie los mandaba, habían aprendido a autogobernarse.

Lo que siguió es conocido. Calles liberadas, policías encerrados en la sede del CAP 5 (la que concentra a más efectivos) y saqueos que comenzaron muy –sospechosamente– cerca de allí. De la Sota con una bolsa en el Free Shop y los vecinos de los barrios bien, protegiéndose de esos “otros” que responden al estereotipo que el mismo gobierno ayudó a construir.

Un día y medio después, un muerto después, varios inocentes golpeados después, más de 200 heridos después y varios comercios saqueados después, los policías consiguieron el aumento que pedían y el gobernador José Manuel de la Sota lo anunció en algo parecido a un acto de campaña. Desde el pupitre en el que aceptó con voz de macho haber sido derrotado por su propio ejército, envió a los extorsionadores “a cazar delincuentes”. Y así estamos.

Fue Ramón Frías, según contó en aquella cena en El Campanario, quien sugirió el nombre de Suárez como jefe la misma tarde del 4 de diciembre. Lo que no contó es que también había arreglado para ser asesor del ministerio de seguridad.

Entre las medidas más importantes de Suárez desde que asumió, están el incremento de los operativos saturación y el paso a retiro forzoso de Inés Garzón, la jefa de la dirección de Arquitectura, que mandó al frente a Frías cuando modificó su oficina. También se pueden contar los casos de gatillo fácil y el paso a retiro forzoso de Claudio Vignetta, el único jefe que no era incondicional a su orden. Aunque no logró que el fiscal anticorrupción se olvide de la causa de los repuestos por la que Frías está imputado, sí evitó que su subjefe, Héctor Laguía que aprobaba los pagos, fuera imputado por la malversación. Seguramente Suárez no lo sabe, pero los empresarios de la noche aseguran que desde que él llegó “la Chispa” volvió con todo y, aunque necesiten sólo 25 efectivos, la Policía les manda 50 de prepo. También volvieron los casos de Gatillo Fácil como el de Güeré Pellico y, como novedad, aparecieron las amenazas a periodistas sumadas a los corralitos humanos que exponen a inocentes en la vía pública.

La Policía, en definitiva, volvió a autogobernarse con un jefe como los de antes. Todo está en orden y usted, por supuesto, se siente más seguro. ¿O no?

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